El presupuesto y la Distribución de Funciones Nación – Provincias - Municipios

En forma simultánea al reconocimiento de los distintos niveles de gobierno, la Constitución Nacional de 1853 definió las competencias de las jurisdicciones nacional y provinciales, como así también delimitó expresamente las funciones y fuentes de recursos de cada una de ellas.

A despecho de esta enumeración, y de la opinión de influyentes intelectuales y políticos de la época como Sarmiento, Alberdi, Mitre, Hernández, los procesos ligados a la "Organización Nacional" del último cuarto del siglo XIX se caracterizaron por dotar de una notable preeminencia a la administración nacional por sobre las provincias y municipios. En esta centralización influyeron tanto tendencias universales, como el hecho de que el fortalecimiento de la autoridad del Estado central se constituía en un elemento crucial de la consolidación institucional del país.

Este avance nacional sobre provincias y municipios se desplegó a través de diversas vías. Por ejemplo, bajo el amparo de la Ley 4.874

Como resultado de estos procesos, se estructuró un patrón de distribución de funciones y, en consecuencia del gasto público, que asignó la mayor parte a la Nación (75%), en tanto sólo una cuarta parte quedó en manos de los niveles subnacionales (22% a las Provincias y un 3% a los Municipios). Con algunas fluctuaciones, estas proporciones se mantuvieron durante más de medio siglo, a pesar de los profundos cambios que ocurrieron en el país y el sector público durante dicho periodo.

A partir de la crisis mundial de 1930 se produce un profundo reordenamiento en la organización social y económica del país. Como respuesta a la crisis se estructura un nuevo patrón económico social que, entre otros elementos, implica un incremento sustancial de la actividad del sector público, medido este tanto en función de regulación de los procesos económicos como en términos de la participación en el producto y en el empleo.

Esta expansión de la actividad estatal tuvo como principal actor al ámbito nacional, que se hizo cargo de la casi totalidad de las nuevas tareas de salud, seguridad, acción social y desarrollo económico. En este punto cabe remarcar que las principales empresas estatales fueron nacionales, tanto en el área de los servicios (ferrocarriles, electricidad, gas, agua potable, teléfonos, etc.) como la de producción de bienes (YPF, SOMISA, IAME, etc.). Como consecuencia de los procesos descritos, los cambios no hicieron más que consolidar el proceso de concentración de funciones en el gobierno central en detrimento de provincias y municipios.

Hacia mediados de los ’70, y nuevamente en consonancia con procesos que se estaban dando en todo el mundo, se abre una nueva etapa de transformación del sector público. En el caso argentino, el elemento central de esta transformación tuvo que ver con superar agudos desequilibrios fiscales.

En el marco de políticas con este objetivo – a las que se denominaron "ajuste estructural" – se acentuaron políticas descentralizadoras que habían comenzado a desplegarse hacia principios de los ’60. Las dos oleadas más importantes de ajuste y descentralización fueron llevadas adelante por la dictadura del "Proceso de Reorganización Nacional" (años 1976 – 1983) y el gobierno de Carlos
Menem (años 1989 – 1999). 2 el gobierno central se dedicó a construir y gestionar un sistema de escuelas primarias y secundarias que convivieron y, en muchos casos, suplantaron a buena parte de los establecimientos educativos provinciales y municipales.