La Argentina es un pas federal que garantiza, por la Constitución Nacional, la autonomía de los municipios. Esta situación implica la existencia de tres ámbitos de administración pública, con potestades y funciones exclusivas, concurrentes y complementarias para cada uno de ellos: la Administración Pública Nacional (APN) – también conocida como administración central o federal – la Administración Pública Provincial (APP) – asimismo nominada como estadual o regional – y la Administración Pública Municipal (APM), igualmente citada como local.
En las últimas décadas, en los países federales se ha venido produciendo una mutación en la forma en que se desenvuelve la gestión pública del conjunto Nación-Provincias-Municipios, pasando de un modelo que suele denominarse como "dual" -en donde el ámbito nacional por un lado, y las provincias y municipios por otro, actuaban de forma independiente– a otra conocida como "federalismo cooperativo o coordinado", en el cual los tres niveles de Estado trabajan de manera conjunta.
Esta nueva dinámica –a la que no es ajena la creciente fragmentación y autonomía de procesos en las sociedades subnacionales- ha introducido o potenciado instrumentos que inducen y facilitan la cogestión de actividades y programas.
La vigencia de un federalismo de tipo cooperativo hace inevitable que se produzcan superposiciones e interdependencias en ocasión del despliegue de la tarea de cada una de las administraciones. Asimismo, es imposible evitar que la gestión estatal tenga un carácter farragoso y complejo, e implique un modelo decisor con una pluralidad de actores y procesos en el cual, de manera abierta o encubierta, pueden presentarse múltiples situaciones de veto. Como contrapartida, la articulación de actores de base nacional, regional y local otorga al proceso de acción estatal un nivel de participación que lo fortalece en términos de legitimidad política y social.
Para un primer abordaje a la administración pública de un país federal, y en particular del caso argentino que se caracteriza por agudas asimetrías territoriales, suele ser práctico utilizar lo que se conoce como el ‘principio de equiparación’. Este principio sostiene que, aunque pueden encontrarse excepciones, si una región alcanza un desarrollo relativo en un elemento, es muy probable que tenga ese mismo nivel de desarrollo en los restantes elementos que lo componen.
En el tema que nos ocupa, puede especularse que las regiones más rezagadas en su desarrollo económico, tengan una situación equivalente en lo que respecta a la extensión de la cobertura de salud, penetración de tecnologías de última generación en el sector público, calidad de funcionamiento de los circuitos administrativos de la burocracia estatal, entre otros ejemplos. Vale remarcar que este principio debe ser utilizado con cuidado, pues es habitual encontrar excepciones y contraejemplos
No hay comentarios:
Publicar un comentario